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El debate climático en América Latina parece estar entrando en una nueva etapa. Durante años, la conversación estuvo dominada por metas nacionales, compromisos internacionales y promesas proyectadas a largo plazo. Pero el nuevo Informe Anual sobre Cambio Climático 2026, elaborado por Sustentabilidad Sin Fronteras, junto a más de 30 especialistas de la región, instalan dos preguntas diferentes: ¿cómo demostrar que esas promesas realmente se cumplen?, ¿cuánto pueden demostrar, monitorear y sostener en el tiempo?

Presentado en el Congreso de la Nación Argentina, en Buenos Aires, el documento propone un cambio de enfoque. El desafío ya no parece ser únicamente aumentar compromisos, sino desarrollar capacidad para implementarlos, monitorearlos y sostenerlos en el tiempo.

Este deja dos hallazgos importantes que podrían redefinir la gobernanza climática regional: contribuciones y los roles. El primero está vinculado con las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los planes mediante los cuales cada país establece cómo contribuirá a los objetivos del Acuerdo de París.

El segundo observa un fenómeno menos visible, pero potencialmente transformador: el creciente protagonismo de los gobiernos subnacionales —provincias, Estados y ciudades— como espacios donde la acción climática empieza a traducirse en medidas concretas.

Aunque ambos temas podrían parecer independientes, el informe muestra que están profundamente conectados.

Más ambición climática, pero todavía insuficiente

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional constituyen la herramienta central del Acuerdo de París. En estos documentos, cada país define cómo reducirá emisiones y enfrentará los impactos del cambio climático.

Éstas beben actualizarse cada cinco años bajo el principio conocido como "máxima ambición posible", que supone que cada nuevo ciclo debe representar un incremento respecto del anterior. La ronda actual, conocida como NDC 3.0, tiene una importancia particular porque incorpora las conclusiones del Balance Mundial realizado en 2023, un proceso que evaluó el progreso colectivo hacia los objetivos climáticos globales y alcanzó conclusiones contundentes: “aunque existen avances, el planeta continúa lejos de una trayectoria compatible con limitar el calentamiento global a 1,5 °C”.

Sobre este tópico, el reporte destaca que 135 países actualizaron sus compromisos climáticos a marzo de 2026. De ellos, 23 pertenecen a América Latina y el Caribe (un 70% de la región), incluyendo a naciones como México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela, entre otras.

El dato parece positivo; pero el análisis detallado muestra un escenario mucho más matizado. La región exhibe un incremento agregado de ambición, aunque todavía insuficiente para colocar al mundo en una trayectoria compatible con el objetivo climático más exigente.

La paradoja es evidente. Aunque América Latina representa menos del 10 % de las emisiones globales, las metas incondicionales de reducción anunciadas por la región equivaldrían aproximadamente al 18% de las reducciones adicionales mundiales previstas. Dicho de otra manera, la región aporta proporcionalmente más de lo que emite; sin embargo, esto no significa que el problema esté resuelto.

La situación también muestra fuertes desigualdades internas. De los 23 países latinoamericanos que actualizaron sus NDC, solamente 18 establecen nuevas metas hacia 2035 y apenas 12 presentan objetivos para toda la economía; es decir, compromisos que abarcan la totalidad de los sectores emisores.

Además, el aumento regional de ambición no está distribuido de manera homogénea. México y Brasil concentran aproximadamente el 72% de las reducciones adicionales incondicionales proyectadas para América Latina. Ambos países representan cerca de la mitad de las emisiones regionales, lo que convierte sus decisiones políticas en variables estructurales para el desempeño climático latinoamericano.

Un segundo grupo —integrado por Perú, Panamá, Honduras, Colombia y Chile— muestra mejoras más moderadas, aunque consistentes con trayectorias descendentes de emisiones. Mientras tanto, otros países aún presentan escenarios donde las emisiones seguirían creciendo entre 2030 y 2035.

No necesariamente porque exista menor ambición política, sino porque algunos países todavía no alcanzaron sus picos de emisiones y atraviesan procesos distintos de desarrollo económico. Por otro lado, hay una ausencia que modifica cualquier lectura regional: Argentina.

El tercer mayor emisor de América Latina no figura en este análisis debido a que aún no presentó una nueva NDC. Su ausencia deja una pieza importante fuera del rompecabezas regional.

En resumen, la ampliación de las NDC hacia 2035 no solo permite medir niveles generales de ambición. También ofrece una radiografía más precisa sobre cómo los países latinoamericanos planean transformar sectores específicos de sus economías. Y es allí donde aparecen algunas de las principales tensiones que identifica el Informe Anual sobre Cambio Climático 2026.

En este sentido, las metas pueden parecer ambiciosas en términos agregados, pero al observar los sectores donde realmente ocurre la transición —energía, transporte y uso del suelo— comienzan a aparecer velocidades diferentes, estrategias divergentes y obstáculos que todavía podrían limitar los resultados globales en la región.

Los territorios subnacionales ganan protagonismo

El segundo gran hallazgo del informe muestra un cambio menos visible, pero potencialmente transformador: el creciente papel de provincias, estados y ciudades en la acción climática.

Y la explicación surge desde una realidad concreta: los impactos del cambio climático no se expresan de la misma manera en todos los territorios. Las inundaciones, las sequías, las olas de calor o los incendios afectan de forma diferente según las condiciones sociales, económicas y de infraestructura de cada región.

Por eso, el informe sostiene que la acción climática efectiva se juega, en gran medida, en escalas subnacionales. Al mismo tiempo, también identifica una debilidad importante: muchos gobiernos locales cuentan con planes, diagnósticos o inventarios de emisiones, pero carecen de herramientas estables que permitan monitorear avances y medir resultados.

Ese vacío tiene consecuencias concretas. Sin sistemas claros de seguimiento, se vuelve más difícil priorizar inversiones, justificar presupuestos, acceder a financiamiento internacional o sostener políticas frente a cambios de gobierno.

Durante la presentación del informe, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, sintetizó esta transformación: “los gobiernos subnacionales son el primer mostrador al que la ciudadanía acude para buscar soluciones a la crisis climática”.

El informe destaca experiencias regionales que comienzan a construir esa capacidad de seguimiento. En Rosario, Argentina, se desarrolló un sistema que permite monitorear medidas climáticas mediante indicadores y metas específicas; mientras São Paulo y Recife, en Brasil, avanzaron en plataformas de seguimiento propias; y Bogotá, Colombia, fortaleció su estructura de información ambiental con cientos de indicadores públicos.

De igual manera, los investigadores destacaron la experiencia de La Pampa, un caso especialmente relevante porque refleja una transición que muchas jurisdicciones aún tienen pendiente: pasar del plan a la capacidad de demostrar resultados. Y es que la principal conclusión del informe apunta precisamente en esa dirección.

La próxima etapa de la acción climática latinoamericana dependerá cada vez menos de acumular nuevas promesas y cada vez más de construir herramientas para implementarlas, evaluarlas y corregirlas.

La discusión comienza a desplazarse hacia preguntas más concretas: quién ejecuta las políticas, quién mide resultados y quién demuestra que los compromisos realmente se cumplen. La crisis climática continúa siendo global. Pero la evidencia sugiere que sus respuestas serán cada vez más territoriales.

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NDC más destacadas: Energías y bosques 

América Latina posee una característica singular respecto de otras regiones del planeta: una matriz eléctrica históricamente más limpia, impulsada principalmente por una alta participación de recursos hidroeléctricos y una creciente incorporación de energías renovables.

Esa ventaja comparativa aparece reflejada en las nuevas NDC. Varios países fortalecieron metas específicas de generación renovable o incorporaron nuevos objetivos:

•    Costa Rica proyecta que el 95 % de su generación eléctrica sea renovable para 2027 y mantenga esa proporción hacia 2035. 
•    Bolivia fijó una meta del 75 % de energía renovable para 2035 y Belice estableció un objetivo similar hacia 2030.
•    Chile reafirmó el retiro total de centrales termoeléctricas a carbón para 2040. 
•    Colombia avanzó suspendiendo nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y nuevos títulos de explotación de carbón.

Sin embargo, el informe identifica una diferencia importante entre ampliar energías limpias y abandonar combustibles fósiles. La discusión regional ya no se limita a incorporar más fuentes renovables; comienza a desplazarse hacia una pregunta mucho más compleja: a qué velocidad deben retirarse los combustibles fósiles y en qué condiciones económicas y sociales.

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Bosques: el activo climático más estratégico de América Latina

Si energía y transporte representan sectores donde se reducen emisiones, los bosques ocupan un lugar diferente y particularmente relevante para América Latina. No solo constituyen una fuente potencial de emisiones cuando ocurre deforestación. También representan el principal sumidero regional de carbono.

Su rol, por lo tanto, adquiere una dimensión estratégica. La mayoría de los países latinoamericanos incorporó metas vinculadas a bosques y uso del suelo dentro de sus nuevas NDC, aunque con distintos niveles de precisión, entre estas:

•    México estableció como objetivo alcanzar deforestación neta cero hacia 2030.
•    Panamá proyecta lograr deforestación ilegal neta cero para 2035.
•    Honduras apunta a reducir un 70% la pérdida neta de cobertura forestal en áreas de conservación para 2035.
•    Surinam busca reducir su tasa anual de deforestación a 0,03% desde 2035. 
•    Brasil lidera regionalmente con el compromiso de recuperar 12 millones de hectáreas de vegetación nativa hacia 2030.
•    Chile y Bolivia establecen metas cercanas a un millón de hectáreas restauradas o manejadas de forma sostenible.